Presentan un estudio científico que cuestiona los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir y anuncian acciones ante la Fiscalía
Un grupo de investigadores de
las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada han presentado en la mañana de
hoy martes en el Rectorado de la Universidad de Sevilla las conclusiones de un
estudio científico que cuestiona las autorizaciones de vertidos mineros al
estuario del Guadalquivir. El trabajo sostiene que los permisos concedidos para
descargar residuos desde las minas de Cobre Las Cruces y Los Frailes,
denominación actual del proyecto de Aznalcóllar, carecen de base científica y
están mal fundamentados. Además, durante la presentación pública del estudio se
anunciarán la interposición de acciones ante la Fiscalía para esclarecer
posibles responsabilidades.
Según los autores, los vertidos autorizados han provocado ya
contaminación en el estuario y podrían agravar el deterioro de la desembocadura
del río, en contradicción con lo defendido por las empresas mineras y por la
Junta de Andalucía. El estudio ha sido publicado en la revista científica
internacional Integrated Environmental Assessment and Management, vinculada a
la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Estados Unidos.
La investigación, firmada por nueve científicos de las tres
universidades andaluzas y del Acuario de Sevilla, concluye que los sedimentos
del estuario presentan “altas cargas de metales ecotóxicos”, asociadas al
vertido de aguas tratadas procedentes de la mina Cobre Las Cruces. Según el
artículo, esta explotación ha descargado desde 2009 hasta 0,9 hectómetros
cúbicos anuales de agua con metales y metaloides. Los investigadores señalan
que las concentraciones de arsénico, cobre, cromo, níquel y plomo disminuyeron
tras el colapso accidental de la corta minera en 2019, pero volvieron a
aumentar cuando se reanudó la actividad.
El estudio advierte también de riesgos para la salud humana y la
pesca. En las muestras analizadas de lisa, un pez muy consumido en la zona, el
31% presentaba niveles de plomo por encima del límite legal establecido por la
normativa europea. Además, se detectaron concentraciones relevantes de metales
como cadmio, cobre y zinc en crustáceos y moluscos del estuario, entre ellos el
camarón del Guadalquivir y el cangrejo rojo.
Los investigadores alertan de la vulnerabilidad de los hábitats
del estuario, como los bosques de ribera y las marismas, así como de la
exposición de especies protegidas como la nutria paleártica y diversas aves
limícolas. El artículo advierte además de que los metales podrían alcanzar el
Golfo de Cádiz e incluso el mar de Alborán, con posibles efectos sobre la pesca
y la acuicultura.
El trabajo explica que gran parte de los metales vertidos no
permanece disuelta en el agua, sino que se adhiere a partículas de barro y
arcilla que se depositan en el fondo. El estuario interior del Guadalquivir
actúa, según los científicos, como una “trampa natural” donde los contaminantes
tienden a acumularse debido a su bajo nivel de oxígeno, escasa salinidad y
limitada renovación de agua.
A esta situación se suma el bajo caudal del río, que provoca que
el agua del estuario tarde más de cien días en renovarse. La presión agrícola y
los periodos de sequía reducen además la entrada de agua dulce, lo que facilita
la penetración del agua marina río arriba.
Ante estos resultados, los autores recomiendan evitar cualquier
vertido minero en el Guadalquivir hasta contar con estudios de campo
concluyentes. También proponen establecer una moratoria sobre los vertidos
recientemente autorizados por la Junta de Andalucía. Asimismo, plantean la
creación de un comité científico independiente que asesore a la administración
regional y recomiendan analizar en profundidad la contaminación detectada antes
de mantener el consumo de la lisa.
A la rueda de prensa asistirán alcaldes y representantes de
municipios ribereños como Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Los
Palacios y Lebrija, junto a entidades como Fecopesca, la Cofradía de Pescadores
de Sanlúcar, FACUA Andalucía, COAG Andalucía, Greenpeace, Ecologistas en Acción
y la asociación ciudadana Salvemos el Guadalquivir, además de colectivos de
mariscadores, comerciantes y organizaciones vinculadas a la defensa de la
sanidad pública y del agua.
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